La Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos ha impuesto a Uber una multa de 825 millones de euros (alrededor de 966 millones de dólares), convirtiéndose en la segunda mayor sanción aplicada hasta la fecha bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, según informa TechCrunch.
El regulador neerlandés investigaba denuncias de que Uber había desactivado cuentas de conductores mediante un proceso automatizado sin advertencia suficiente ni supervisión humana adecuada. En un comunicado, la subdirectora Monique Verdier declaró que la compañía había cometido «infracciones graves» y añadió: «Una computadora no debe tomar decisiones por sí sola que tengan consecuencias tan importantes».
Uber, por su parte, argumenta que la mayoría de suspensiones de conductores son breves, que ninguna desactivación permanente se produce sin revisión humana y que los conductores tienen capacidad de apelar. La empresa aseguró a Reuters que recurrirá la decisión: «Discrepamos rotundamente con esta decisión y esta multa desproporcionada».
El origen de las denuncias: un exconductor y 171 testimonios
Brahim Ben Ali, antiguo conductor de Uber en Francia, impulsó la investigación tras la desactivación de su cuenta en 2019. Ben Ali recopiló testimonios de otros 171 conductores de Uber y presentó su denuncia en los Países Bajos, donde se ubica la sede europea de la compañía. Le asistió en este proceso la organización suiza de derechos digitales PersonalData.io, que ayudó a los conductores a recabar datos sobre cómo se tomaban las decisiones de desactivación.
Paul-Olivier Dehaye, fundador de PersonalData.io, explicó que un conductor «puede completar mil trayectos con pasajeros satisfechos, pero si una sola persona reporta un problema muy grave, las consecuencias pueden ser enormes». Dehaye afirmó además que planea iniciar una demanda colectiva para que los conductores puedan solicitar compensación.
Esta es la tercera multa que el regulador neerlandés impone a Uber. Anteriormente, la compañía fue sancionada con 290 millones de euros por su gestión de datos personales de conductores y con 10 millones por cuestiones relacionadas. Dehaye reveló que todas estas sanciones se originaron a partir de denuncias del mismo grupo de conductores.
Nueva empresa para litigación en economía de plataformas
Dehaye ha fundado una nueva compañía llamada StartClaims para apoyar litigios y acciones regulatorias, comenzando con Uber y expandiéndose posteriormente a otros casos de economía de plataformas y sectores relacionados como tecnología publicitaria. El fundador señaló que Uber «es libre de usar humanos para castigar a conductores que cometan fraudes, pero entonces debe asumir responsabilidad por esa toma de decisiones (como ‘ser un empleador’, no ‘ser un mercado’)».
Uber ha enfrentado múltiples desafíos regulatorios en Europa relacionados con su modelo de negocio y el tratamiento de sus conductores. La compañía, que recientemente obtuvo autorización en Nevada para operar robotaxis junto a Tesla y Waymo, deberá ahora responder ante los tribunales europeos por esta sanción récord vinculada al uso de algoritmos en decisiones laborales críticas.
