La reforma del subsidio para mayores de 52 años aprobada en 2019 generará un sobrecoste de 9.456 millones de euros en futuras pensiones de jubilación, según cálculos de Fedea. El incremento de la cotización que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realiza a la Seguridad Social a favor de los beneficiarios, que pasó del 100% al 125% del salario mínimo interprofesional, elevará un 4,72% la pensión inicial de los perceptores.
Según el análisis de Fedea publicado por Expansión, el volumen de beneficiarios del subsidio especial por desempleo ha aumentado un 75% desde la reforma. En julio de 2026 alcanzó las 466.077 personas, frente a los niveles previos a 2019. Los cambios permitieron reducir la edad de acceso de 55 a 52 años y extendieron la percepción hasta la edad legal de jubilación, que a partir de 2027 llegará a los 67 años.
Impacto en las bases reguladoras
Los expertos de Fedea calculan que habrá 432.520 perceptores anuales durante el periodo 2019-2030 en un escenario conservador. Al aplicar la sobrecotización al 125% del salario mínimo (20.383 euros anuales) en lugar del 100% (16.306 euros), la base reguladora individual se incrementa un 4,73%, pasando de 27.605 a 28.910 euros.
Con una tasa media de reposición del 77,3% —equivalente a 25,8 años de cotización según el Ageing Report 2024—, la pensión inicial anual alcanza los 22.347 euros, lo que representa una ganancia neta del 4,72% anual (1.008 euros más por perceptor al año) respecto a los 21.339 euros que se percibirían con la cotización ajustada al salario mínimo.
Costes acumulados y pérdida de ingresos
Proyectando esta diferencia a lo largo de una esperanza de vida media tras la jubilación de 21,68 años, el importe acumulado que percibirá cada pensionista escala hasta los 484.490 euros, lo que supone 21.861 euros adicionales por persona frente a los 462.629 euros del escenario base. Al trasladar este impacto al colectivo medio estimado de beneficiarios, el desembolso total en pensiones bajo la reforma de 2019 asciende a 209.552 millones de euros, frente a los 200.096 millones del esquema anterior.
Junto al mayor gasto en pensiones, la Seguridad Social asume también una merma de ingresos cifrada en 8.479,5 millones de euros por las cuotas sociales que el sistema deja de percibir, calculadas a razón de un tipo del 28,8% sobre el salario mínimo. De esta forma, al sumar las mayores obligaciones futuras de jubilación y las cotizaciones no recaudadas, el impacto económico consolidado sobre el sistema público de previsión social alcanza los 17.935 millones de euros en valor presente.
Los autores advierten de que por cada año adicional que el subsidio se cobre por encima de los ocho años contemplados en el escenario base, el coste para la Seguridad Social aumentará en más de 1.900 millones anuales (848 millones en mayor gasto de pensiones y 1.060 millones en cuotas no ingresadas), lo que elevaría el coste total hasta rozar los 22.900 millones de euros si la prestación se agotase durante un periodo de 12 años.
A toda esta tensión sobre las cuentas de la Seguridad Social se añade, además, el desembolso directo financiado por el SEPE para el pago de la propia ayuda asistencial, que supondrá un gasto acumulado de 15.877 millones de euros entre 2019 y 2030. El subsidio alcanza actualmente una cuantía de 480 euros al mes, equivalente al 80% del IPREM.
