El sector público institucional estatal no alcanza ni la mitad de las exigencias legales en materia de transparencia. Según el último informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el índice medio de cumplimiento se sitúa en el 47,1%, dejando a organismos como la Tesorería General de la Seguridad Social entre los más incumplidores.
El análisis, publicado por Expansión, revisó los portales de transparencia de 153 entidades del sector público estatal, incluidos organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas y mutuas. La evaluación comprobó si estas instituciones publican información obligatoria: normativa aplicable, presupuestos, contratos, identidad de los responsables, formación, experiencia y retribuciones.
El consejo realizó 2.916 recomendaciones a estas entidades en 2025. De ellas, solo se aplicaron 830, lo que representa un 28,4% del total. La falta de publicación de informaciones obligatorias y la ausencia de referencias sobre el grado de actualización de los datos explican el bajo cumplimiento global.
Entidades ejemplares y grandes rezagados
El índice más elevado se observa en entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como en mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con un 82,5% de cumplimiento. En el extremo opuesto, las sociedades mercantiles alcanzan solo el 38,04% y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia el 20,39%.
Solo dos entidades lograron el 100% de cumplimiento: el Boletín Oficial del Estado (BOE) y Palencia Alta Velocidad. Les siguen con el 99% las mutuas MAZ y Mutualia, Murcia Alta Velocidad y Zaragoza Alta Velocidad 2002. Por encima del 90% figuran la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), el Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar de Marín y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Entre las entidades con peor desempeño, el Consorcio del Museo Militar de Menorca cierra la tabla con un incumplimiento del 97%. La Obra Pía de los Santos Lugares (4,1%), la Real Fábrica de Tapices (7,8%), la Tesorería General de la Seguridad Social (11,8%) y el Instituto Social de la Marina (16,3%) también presentan niveles críticos.
Exhortación a cumplir sin dilación
El Consejo de Transparencia recuerda a los responsables de las entidades públicas que se trata de obligaciones legales de carácter vinculante vigentes desde 2014. La norma, aprobada en 2013, exige la publicación íntegra, actualizada, fácilmente localizable y en formato reutilizable de todo el catálogo de informaciones obligatorias.
Pese a los incrementos registrados —algunas entidades mejoraron hasta 68,7 puntos porcentuales—, el consejo considera que la mejora es «reseñable pero no suficiente». Más de una década después de la entrada en vigor de la ley, una parte «demasiado amplia» del sector público sigue sin cumplir.
