El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, han dimitido de sus cargos tras declarar ante la Audiencia Nacional sobre el polémico rescate de 53 millones de euros que recibió la aerolínea en marzo de 2021, según ha confirmado Expansión.
Ambos directivos están imputados por presunto tráfico de influencias en una causa que también investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación judicial se centra en un contrato que Plus Ultra selló con empresas vinculadas a Julio Martínez («Julito»), íntimo amigo de Zapatero, para abonarle el 1% del rescate concedido por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), es decir, 530.000 euros.
Reconocimiento ante la Audiencia Nacional
En escritos remitidos esta semana a la Audiencia, Martínez Sola y Roselli admitieron «plena conciencia» de que el empresario Martínez Martínez, titular de Análisis Relevante, y Zapatero «sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar». Ambos asumieron el acuerdo «de forma sobrevenida» para «salvar a la compañía», si bien reconocieron desconocer «qué acuerdos internos pudiesen tener» entre ellos.
Los directivos añadieron que «como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero». No obstante, señalaron que no «llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate».
Nuevo candidato a la dirección
La persona propuesta para asumir la presidencia de Plus Ultra es Hugo Castaño, actual accionista de la aerolínea. Sin embargo, su nombramiento requiere la aprobación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que mantiene supervisión sobre la compañía tras el préstamo recibido. La confirmación definitiva se producirá en las próximas semanas.
El rescate público a Plus Ultra —operación poco transparente desde su anuncio— sigue generando controversia judicial cinco años después. El caso evidencia las tensiones entre los apoyos estatales de emergencia pandémica y las conexiones políticas que, según la investigación, pudieron facilitar su concesión.
